En esta nueva entrega del Seminario de Asuntos Públicos, con la moderación de Sebastián Bitar y la participación de Michael Weintraub, ambos profesores de la Escuela de Gobierno, la conversación giró en torno al análisis de los datos arrojados por el estudio de “Los efectos del patrullaje militar sobre el crimen y los abusos de derechos humanos: evidencia de un experimento en Cali”, Colombia, llevada a cabo en el año 2019 por Weintraub.
En gran parte de nuestra región se suelen implementar políticas de desplegar las fuerzas militares como respuesta al aumento de la delincuencia o la violencia en ciertas zonas. Para este estudio se utilizaron datos administrativos sobre delincuencia y abusos de derechos humanos, encuestas a más de 10.000 residentes y observaciones de primera mano de monitores civiles.
La investigación concluyó que no se encontró evidencia que la intervención redujera los índices de la tasa delictiva. La percepción de la población no cambió cuando hubo presencia de las fuerzas militares en su territorio, excepto la de los comerciantes, quienes sí se sintieron más seguros con los patrullajes debido a que son los más expuestos a amenazas como la extorción. Se halló que hay poca o ninguna evidencia creíble de que la vigilancia militar disminuyó la delincuencia o mejoró la percepción de seguridad durante la intervención. “Argumentamos que los beneficios de las patrullas militares son probablemente pequeños y no se justifica implementar esta práctica, se podrían buscar otras alternativas para reducir la violencia”, afirmó Weintraub.
Los defensores de estas políticas afirman que reduce el crimen, mientras que los detractores argumentan que ponen en peligro los derechos humanos. En el estudio no hay ninguna base para recomendar ese tipo de intervención (tiene algunos puntos negativos y ninguno bueno) pero es una medida altamente popular debido al déficit de pie de fuerza en la policía frente a un gran número de enlistados en el ejército, constituyéndose como una política atractiva para los mandatarios. Un dato preocupante es que, una vez finalizada la intervención, se pudo percibir un aumento de la delincuencia y un deterioro generalizado de la seguridad en las manzanas estudiadas.
Michael Weintraub comentó que durante su proceso de estructuración de la investigación, tuvo la oportunidad de reunirse con personas clave quienes fueron importantes para el éxito de su proyecto. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Cali y del ejército mostraron interés por saber los resultados de ese tipo de intervenciones para llevar a cabo la evaluación de medición de impacto. “Querían encontrar evidencias y tomar decisiones basados en datos, una práctica que promovemos en la Escuela de Gobierno”, apuntó Sebastián Bitar.
"A veces se prioriza mal la política de seguridad. En general, los esfuerzos deberían enfocarse en las personas más propensas a cometer delitos”, finalizó Weintraub, sobre la solución a los problemas de inseguridad. Generalmente la política de seguridad está mal enfocada, al no poner la lupa sobre las personas más propensas a cometer delitos como son los reincidentes del sistema criminal o individuos con comportamientos peligrosos relacionados al consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y porte de armas.
Revive el seminario en: bit.ly/3wHthFh
