COVID-19: una prueba ácida a la capacidad de Estados, gobiernos y sociedades. Recomendaciones de gestión y políticas públicas para una respuesta integral y coordinada

Autor: Pablo Sanabria-Pulido

En un contexto de capacidad institucional divergente por países, la pandemia del COVID-19 emerge como un complejo problema transnacional que, hasta ahora, se ha buscado responder con respuestas nacionales, intrafronterizas y desarticuladas. En ese contexto, cada país ha empezado a responder con lo que tiene de capacidad institucional. Las respuestas usualmente recurren a lo estatal y organizaciones de la sociedad civil, pues la dimensión del problema trae retos de planeación y coordinación que el mercado no resuelve por sí solo, si bien se observan iniciativas interesantes desde los actores privados (donaciones, intervenciones, apoyos a iniciativas estatales). No obstante, la capacidad institucional refleja importantes desigualdades a través de los países, y dentro de ellos, que no facilitan respuestas sólidas y coordinadas internamente. Por ejemplo, la oferta de salud, en varios países, ha involucrado un viraje hacia el mercado que ha dificultado el acceso universal, mientras, por el otro lado, la infraestructura hospitalaria pública ha sido reducida por años como parte de reformas a sistemas de salud disfuncionales e insostenibles financieramente. La descentralización en la implementación de la política social y de protección dificulta, en algunos casos, las respuestas ordenadas y coordinadas, mientras la excesiva centralización introduce demoras y reprocesos costosos en emergencia. Finalmente, la reducida capacidad de ciencia y tecnología, en países que históricamente han destinado muy bajos porcentajes de su presupuesto al desarrollo de capacidades científicas locales, hace menos posibles respuestas efectivas en materia de infraestructura para pruebas, testeos masivos, seguimientos, adaptaciones de protocolos y trazabilidad