Veinticinco servidores públicos, seleccionados entre más de 400 postulantes, culminaron en Bogotá la primera cohorte del curso regional sobre IA y derechos humanos, organizado por Derechos Digitales y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Los sistemas de inteligencia artificial ya forman parte de la gestión pública en América Latina y el Caribe. Se usan para clasificar solicitudes, orientar la atención ciudadana, apoyar decisiones administrativas y procesar volúmenes de información que antes exigían meses de trabajo. Esa adopción, sin embargo, avanza más rápido que las reglas que deberían enmarcarla, y plantea preguntas que ninguna entidad pública puede resolver sola: por ejemplo, qué garantías de transparencia y debido proceso deben acompañar a un sistema automatizado, cómo se evita que reproduzca discriminaciones existentes y quién responde cuando una decisión algorítmica afecta un derecho.
Con ese diagnóstico como punto de partida, la organización latinoamericana Derechos Digitales en alianza con la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes desarrollaron el Curso Regional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Políticas Públicas, cuya primera cohorte concluyó a comienzos de agosto en el campus de la Universidad, en Bogotá.
Una cohorte diversa, seleccionada entre más de 400 postulaciones
Esa mezcla no fue accidental. Las decisiones sobre adopción de inteligencia artificial en el Estado se toman en la intersección del derecho, la técnica y la gestión, y rara vez se resuelven bien desde una sola disciplina. El cuerpo docente reflejó el mismo criterio, con profesoras y profesores vinculados a universidades de la región, organizaciones internacionales dedicadas a derechos digitales, iniciativas de gobernanza de datos y contratación abierta, y organismos públicos de protección de derechos.
Seis semanas en línea y tres jornadas presenciales
El curso combinó un componente virtual de seis semanas, dedicado a los marcos normativos internacionales e interamericanos de derechos humanos y a los fundamentos sociotécnicos de la IA, con tres jornadas presenciales intensivas en la Universidad de los Andes. La fase presencial se organizó siguiendo la secuencia real que enfrenta una institución: la decisión de adopción y sus condiciones de legitimidad; el diseño institucional y la evaluación previa, con énfasis en gobernanza de datos, contrataciones públicas y análisis de impacto en derechos humanos; y, finalmente, los mecanismos de supervisión, participación y corrección.
La semana incluyó además un panel abierto al público sobre la participación de América Latina en la gobernanza global de la inteligencia artificial, y cerró con la presentación de trabajos grupales elaborados por las y los participantes a partir de casos de sus propias instituciones.
Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales señaló que: “En América Latina, la inteligencia artificial ya está siendo incorporada en distintas áreas del Estado, muchas veces sin que existan todavía las capacidades, reglas y mecanismos de supervisión necesarios para evaluar sus impactos. Desde Derechos Digitales creemos que es fundamental fortalecer las capacidades del sector público para tomar decisiones informadas y críticas sobre estas tecnologías, poniendo los derechos humanos en el centro desde el momento en que se decide si adoptarlas, cómo hacerlo y bajo qué condiciones”.
Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, integró el equipo de coordinación del programa y dictó clases en las fases virtuales y presenciales sobre el rol del Estado en la gobernanza de la IA y el análisis de su impacto en los derechos humanos. El profesor Gutiérrez celebró la exitosa realización del curso y destacó que “la experiencia nos dejó energizados para seguir apostando por iniciativas para fortalecer la gobernanza de IA de la región.”
Lo que se llevaron las y los participantes
Al término del curso, varias personas participantes compartieron públicamente sus impresiones. Una funcionaria del sector justicia de Centroamérica resumió así las ideas que le quedaron dando vueltas:
Decidir si usamos —y cómo— herramientas de IA para resolver problemas públicos es, en sí misma, una decisión de política pública. Antes de usar IA, las instituciones tienen que trabajar la infraestructura y la calidad de los datos. Y no todos los problemas públicos se pueden, ni se deben, traducir en algoritmos.
— Participante de Costa Rica
Otra participante, funcionaria de un gobierno local del Cono Sur, destacó el valor del intercambio regional por encima de los contenidos:
Fueron días intensos de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre gobernanza de la inteligencia artificial, transparencia, protección de datos, contrataciones públicas, rendición de cuentas y evaluación de impactos en los derechos humanos. Me llevo nuevos conocimientos, grandes docentes y, especialmente, el encuentro con compañeros y compañeras de distintos países.
— Participante de Argentina
Una alianza construida a lo largo de un año
El curso es el resultado de casi un año de trabajo conjunto entre ambas instituciones, con el apoyo de la Patrick J. McGovern Foundation.
Para ambas organizaciones, la iniciativa se inscribe en su propósito de mejorar la calidad de las políticas públicas y la administración del Estado mediante espacios de formación que articulen la investigación académica con los problemas concretos que enfrentan las instituciones de la región.
La expectativa de los organizadores es que la red conformada por esta primera cohorte se mantenga activa más allá del curso, y que las herramientas trabajadas (por ejemplo, análisis de impacto, auditorías algorítmicas, cláusulas de transparencia en contratación pública, mecanismos de participación) encuentren aplicación concreta en las instituciones donde estas personas trabajan.
- Ángela Guarín Aristizábal →
angela_guarin_aristizabal - Darío Maldonado Carrizosa →
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