El uso de sistemas de inteligencia artificial en el Estado colombiano ha crecido de manera acelerada y abarca múltiples sectores y funciones, lo que posiciona al país como uno de los más avanzados en la región.

Este desarrollo evidencia una tensión central: mientras algunas aplicaciones pueden contribuir a mejorar la gestión pública y apoyar derechos, otras plantean riesgos importantes, especialmente por el uso de datos personales y el aumento de tecnologías de vigilancia. En este contexto, se vuelve necesario abrir un debate más amplio y avanzar hacia un marco regulatorio que permita orientar su uso de manera responsable y en línea con los derechos fundamentales.