Un estudio de la Escuela de Gobierno analiza cómo se distribuyen las competencias entre Nación, departamentos y municipios, y qué tan viable es cumplirlas con los recursos disponibles.
Más de treinta años después del inicio de la descentralización en Colombia, persiste una pregunta central: ¿los territorios cuentan con los recursos y capacidades necesarios para asumir las funciones que les asigna la ley?
Para responderla, la Escuela de Gobierno examinó sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y atención a poblaciones de especial protección constitucional. El estudio incluyó revisión normativa, seis Encuentros Regionales con 127 funcionarios (14 grupos focales) y una encuesta aplicada a 27 de los 32 departamentos (84% de respuesta) y a 18 municipios de una muestra de 164.
El principal hallazgo: una brecha financiera estructural
El diagnóstico es contundente: existe una brecha estructural entre las competencias asignadas y los recursos disponibles para ejecutarlas.
El 93% de los departamentos afirmó necesitar recursos adicionales para cumplir sus funciones descentralizadas. En 15 de las 51 competencias analizadas, el 100% señaló requerir más recursos en 2024.
Las mayores presiones se concentran en infraestructura educativa, financiación de servicios de salud para población pobre no asegurada y construcción de vías secundarias y terciarias.
Aunque la descentralización amplió la cobertura en salud y educación, persisten brechas de calidad y diferencias en capacidades institucionales. Además, las condiciones regionales elevan los costos: municipios del Pacífico, Sur, Amazonía y Orinoquía reportan mayores dificultades para garantizar alimentación y transporte escolar en zonas rurales dispersas, mientras que en departamentos fronterizos la atención a migrantes incrementa la presión presupuestal sin recursos adicionales.
Cómo ven los territorios la distribución de competencias
La encuesta también indagó cómo deberían organizarse las competencias entre Nación, departamentos y municipios. Las respuestas se agruparon en tres esquemas: funciones asumidas por un solo nivel de gobierno, compartidas entre dos niveles o ejercidas de manera conjunta por los tres niveles.
El gráfico muestra diferencias claras según el sector.
En gestión del riesgo y ordenamiento territorial, cerca del 60% y 58% de los departamentos, respectivamente, prefieren que las competencias se concentren en un solo nivel.
En vivienda, turismo y vías, entre el 37% y el 41% se inclina por esquemas de tres niveles, lo que refleja la necesidad de cooperación y articulación.
En los sectores del Sistema General de Participaciones —educación, salud y agua potable— también se observan combinaciones: en educación, el 54% prefiere un solo nivel y el 29% dos niveles; en salud, el 57% favorece un solo nivel; y en agua potable y saneamiento básico, el 53% se inclina por un solo nivel, mientras el resto se distribuye entre dos y tres niveles.
En conjunto, los datos muestran que no existe una fórmula única para distribuir competencias: las preferencias varían según el sector y, en muchos casos, exigen coordinación entre niveles de gobierno.
Conclusiones y recomendaciones
El estudio evidencia que las mayores presiones del modelo se concentran en la gestión del riesgo y en la atención a poblaciones de especial protección constitucional. En el primer caso, todos los departamentos reportaron necesitar más recursos para la creación y dotación de cuerpos de bomberos, y el 93% indicó requerir financiación adicional para planes de gestión del riesgo. En el segundo, más del 90% afirmó que los recursos actuales no son suficientes para atender a víctimas del conflicto armado, primera infancia y adultos mayores.
Frente a este panorama, el estudio propone:
· Revisar y fortalecer la distribución de transferencias del nivel nacional a las entidades territoriales;
· Considerar costos diferenciales por región en la asignación de recursos;
· Articular el aumento de financiación con el fortalecimiento de capacidades administrativas;
· Fortalecer la coordinación y los esquemas de cofinanciación entre niveles de gobierno;
· Evaluar ajustes en la asignación de competencias en sectores específicos.
La conclusión es clara: la descentralización requiere coherencia entre funciones y financiación. Sin esa alineación, las brechas estructurales persistirán.