¿Cómo mejorar y racionalizar la contratación por prestación de servicios en el sector público en Colombia? Una mirada desde la calidad del empleo
Autores: Pablo Sanabria Pulido, María Alejandra González, Óscar Becerra
Inspirados en las experiencias de gobiernos de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, entre otros, algunos países adoptaron prácticas en la gestión pública emulando estrategias del sector privado y/o buscando privilegiar los mecanismos de mercado sobre las burocracias estatales en la provisión de bienes y servicios públicos. Diferentes autores de la gestión pública, al identificar dicho conjunto de prácticas (ej., privatización, contratación/subcontratación con el sector privado y no gubernamental, flexibilización de estructuras y procesos, monitoreo y evaluación, búsqueda de mecanismos de competencia, entre otras) las denominaron Nueva Gestión Pública (NGP) (Hood, 1991). Dentro de ese conjunto de prácticas, las contrataciones flexibles, a término fijo, o los contratos por desempeño, aparecen como herramientas para la implementación de un modelo gerencial en entidades públicas y en respuesta a presiones fiscales y expectativas de mejor gestión. Este cambio en la forma de contratación se volvió prevalente en el caso colombiano (Sanabria, 2016, 2015; Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 2018) y se ha ampliado indiscriminadamente (OECD, 2013) sin mayor evidencia sobre la efectividad de la gestión pública y la calidad de las políticas públicas. La reducción en los costos de monitoreo, la conformación rápida de equipos, el más fácil seguimiento del desempeño individual y la mayor flexibilidad/rapidez en la desvinculación son algunas ventajas potenciales mencionadas en la literatura. Sin embargo, este tipo de contratación podría también acarrear efectos negativos, como falta de continuidad en políticas, alta rotación de personal, inequidad, patronazgo político y clientelismo, atracción de personas no motivadas al servicio público, baja calidad del empleo, entre otros. La vinculación por prestación de servicios, que en el caso colombiano se caracteriza por celebrarse por un término fijo y no generar relación laboral ni pago directo de prestaciones sociales, es una modalidad de la NGP fuertemente arraigada en el país. Existe poca regulación e información sobre su alcance, incluso en el contexto latinoamericano, poniendo sobre la mesa la necesidad de revisar su efectividad y eficiencia como estrategia de contratación.