El pasado 14 de mayo, Ángela Guarín, profesora de la Escuela de Gobierno, participó en el Foro Regional “Prioridades para una Agenda de Derechos Económicos de las Mujeres”, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. El encuentro reunió a organizaciones, activistas y expertas de distintos países de las Américas para debatir sobre los derechos económicos de las mujeres en la región. Durante la mesa “Redistribuir para la igualdad: economía y cuidados”, la profesora planteó que la invisibilización del cuidado no es un olvido ni un rezago cultural, sino un arreglo político con consecuencias económicas concretas.

Si el trabajo de cuidados sostiene nuestras economías y sociedades, ¿por qué continúa siendo invisibilizado, distribuido de manera desigual y asumido principalmente por las mujeres?

Para responder a esta pregunta, la profesora explicó que el cuidado no es invisible, sino invisibilizado, y propuso entender este fenómeno desde tres dimensiones. La primera tiene que ver con la medición. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha calculado que, en los diez países de la región que ya cuentan con cuentas satélite, el trabajo doméstico y de cuidado equivale a entre el 19 % y el 27 % del PIB, este sigue sin aparecer cuando se decide cuánto invertir en salud, educación o protección social.

“La invisibilidad estadística produce invisibilidad política”, afirmó.

La segunda dimensión es histórica, pues el trabajo de cuidado fue definido como “no trabajo” para convertirlo en una actividad gratuita que sostuviera el desarrollo económico sin asumir sus costos.

La tercera dimensión tiene que ver con la persistencia de las desigualdades. Aunque la participación laboral femenina ha aumentado, la distribución del cuidado prácticamente no ha cambiado. La ENUT 2024-2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra que, en Colombia, el 90 % de las mujeres realiza trabajo no remunerado —frente al 65,5 % de los hombres— y que quienes lo hacen le dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarios, más del doble que los hombres (3 horas y 12 minutos). Esta carga se intensifica en los hogares encabezados por mujeres, especialmente si se tiene en cuenta que, en Colombia, cuatro de cada diez menores viven únicamente con su madre.

Ahora bien, la desigualdad no opera únicamente por género. En América Latina y el Caribe, cerca de 13,5 millones de mujeres trabajan como trabajadoras del hogar, y más del 70 % lo hacen en condiciones de informalidad.

“El cuidado de unas mujeres se sostiene sobre el cuidado precarizado de otras”, advirtió la profesora.

¿Cómo impacta la sobrecarga de cuidados en la autonomía económica y las trayectorias laborales de las mujeres, especialmente en contextos de informalidad y precarización?

La sobrecarga de cuidados no solo consume tiempo; también condiciona las posibilidades de desarrollo laboral de las mujeres. Esas más de cuatro horas diarias de diferencia en el trabajo no remunerado son, muchas veces, las que marcan la distancia entre poder estudiar, capacitarse o emprender, y pasar directamente del trabajo remunerado a las tareas domésticas y de cuidado.

La discriminación no es únicamente estructural, también es explícita. En una encuesta del proyecto Digna, Trabajo y Género de la Universidad de los Andes, aplicada en Bogotá durante 2024, el 42 % de las mujeres reportó que le solicitaron una prueba de embarazo para acceder a un empleo, mientras que el 59 % afirmó haber recibido preguntas relacionadas con sus responsabilidades de cuidado durante procesos de selección laboral.

A esto se suma que cerca de la mitad de las mujeres ocupadas en América Latina trabaja en la informalidad, no por elección, sino porque muchas veces es la única alternativa viable para combinar trabajo remunerado y cuidado ante la ausencia de redes públicas suficientes. El impacto también se acumula a lo largo de la vida. Menores cotizaciones se traducen en pensiones más bajas —o incluso inexistentes— y en mayores riesgos de pobreza durante la vejez. Es lo que la CEPAL denomina el ciclo de desigualdad acumulativa, en el que las consecuencias de la sobrecarga de cuidados no afectan únicamente el presente laboral de las mujeres, sino también sus condiciones de vida en el futuro.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el cuidado como un derecho. ¿Cómo hacer exigible este derecho desde la sociedad civil frente a los Estados, al tiempo que se aboga por el reconocimiento del trabajo de cuidado como pilar de la economía?

Para la profesora, este reconocimiento representa un avance importante, pero el reto ahora es evitar que permanezca únicamente en el papel. En ese sentido, planteó tres caminos complementarios. El primero es el jurídico, mediante la aplicación de la OC-31/25 en tutelas, amparos y demandas estructurales. El segundo es el presupuestal, haciendo seguimiento a que las políticas y leyes cuenten con financiación real. Y el tercero es el institucional, impulsando leyes nacionales articuladas con los sistemas de salud, seguridad social y educación inicial.

En materia presupuestal, el Simulador OIT-CEPAL estima que un sistema integral de cuidado requeriría una inversión equivalente al 3,4 % del PIB colombiano hacia 2035. Sin embargo, persiste una amplia brecha entre lo proyectado en el CONPES 4143 y los recursos efectivamente ejecutados. En el plano institucional, el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá se ha consolidado como un referente regional, mientras que el Pacto por los Cuidados ha abierto un espacio de articulación y presión política a nivel birregional.

Sobre la tensión entre reconocer el cuidado como derecho y reconocerlo como trabajo, Guarín fue clara: si se entiende únicamente como un derecho, alguien —casi siempre una mujer— terminará asumiéndolo de manera gratuita. Pero si se entiende únicamente como trabajo, existe el riesgo de mercantilizarlo. Por eso, insistió en que ambas dimensiones deben defenderse de manera simultánea.

“La autonomía económica no es separable del problema del cuidado”, concluyó.