Nuevos hallazgos del proyecto Health Protect aportan evidencia sobre la relación entre ingresos, salud y envejecimiento para orientar el diseño de políticas públicas.
El ingreso de los hogares puede marcar una diferencia en la salud durante la vejez. Ese es uno de los primeros hallazgos que compartió el equipo del proyecto Health Protect durante la segunda mesa multiactor, realizada el 8 de julio por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. El encuentro reunió a investigadores, representantes del sector público, la academia y organizaciones de la sociedad civil para analizar cómo la política fiscal y las transferencias monetarias pueden contribuir a responder al acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta el país.
La mesa fue organizada por el equipo colombiano de Health Protect y contó con la participación de Diego Lucumí, profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, y de los investigadores Sandra Martínez, Philipp Hessel y Nixon Vera, quienes compartieron avances del proyecto y dialogaron con distintos actores sobre el papel de la evidencia en el diseño de políticas públicas.
Durante la apertura, Philipp Hessel presentó Health Protect como una iniciativa de investigación que se desarrolla en Colombia, México, Brasil, Argentina y Ecuador, financiada por el Medical Research Council del Reino Unido. Explicó que el proyecto utiliza modelos de microsimulación fiscal para estimar cómo posibles cambios en los impuestos o en los programas de transferencias monetarias pueden afectar el ingreso de los hogares y, posteriormente, proyectar su relación con indicadores de salud como la mortalidad.
Uno de los principales resultados fue presentado por Sandra Martínez, quien expuso los avances del componente sobre envejecimiento. A partir de información censal de Brasil, Colombia y Ecuador, el equipo encontró que, en Colombia y Brasil, un mayor ingreso del hogar se asocia con una menor probabilidad de que un hogar reporte el fallecimiento de una persona mayor de 60 años. En Colombia, esta asociación equivale a una reducción cercana al 10 % en el reporte de mortalidad. En Ecuador, en cambio, se observó el patrón contrario, un resultado que continúa en análisis. La investigadora explicó que se trata de una correlación y no de una relación de causalidad; sin embargo, señaló que, por tratarse de datos censales, estos hallazgos podrían tener implicaciones importantes a nivel poblacional.
La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a Colombia Mayor, el principal programa de transferencias monetarias para personas mayores sin pensión contributiva. Nixon Vera presentó simulaciones que muestran que aumentar el monto del subsidio podría reducir la pobreza y la desigualdad entre las personas beneficiarias, con un efecto especialmente significativo en las mujeres. Los análisis también evidencian que el programa llega principalmente a la población con menores ingresos. No obstante, el investigador señaló que el monto actual del subsidio podría seguir siendo insuficiente para generar efectos visibles sobre la salud y recordó que Colombia Mayor no reemplaza el sistema pensional, sino que constituye una respuesta parcial a la histórica informalidad laboral del país.
Más allá de los resultados de investigación, la mesa abrió un espacio en el que se reflexionó sobre los desafíos de la protección social en un contexto de envejecimiento. Entre los principales temas se destacó la necesidad de fortalecer un enfoque de derechos, incorporar perspectivas territoriales y diferenciales, reconocer el trabajo de cuidado y mejorar el uso de la información para orientar la toma de decisiones. Los participantes también llamaron la atención sobre situaciones de abandono de personas mayores, casos de violencia económica relacionados con la administración de los subsidios y las brechas entre la producción de información y su aprovechamiento para diseñar políticas públicas más efectivas.
Al cierre del encuentro, el equipo anunció que continuará el análisis con información desagregada por departamentos y principales ciudades del país, además de avanzar en estudios sobre carga de enfermedad para distintos grupos de edad. Diego Lucumí destacó que esta evidencia puede aportar a discusiones clave para el futuro de la política pública en Colombia, como la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo y las próximas elecciones locales. Asimismo, reiteró que el reto no es solo generar evidencia, sino lograr que esta contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones.
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