En este debate presentado por Noticias Caracol en alianza con la Universidad de Los Andes, en el marco de #ColombiaDecide, participaron algunos aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes para hablar sobre contratación pública, cláusulas sociales, control político sobre los contratos, regulaciones y sus iniciativas para potenciar los recursos públicos.
El evento, moderado por María Margarita “Paca” Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y por la periodista María Alejandra Villamizar, contó con la participación de Angélica Lozano, aspirante al Senado por el partido Alianza Verde; Gabriel Santos, a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y Roy Barreras, al Senado por el Pacto Histórico. Este espacio hace parte del especial “Colombia Decide” y se enfocó en conversar sobre la gestión de los recursos públicos en Colombia, debatiendo las problemáticas que se ciernen sobre este tema y las posibles soluciones para aprovecharlos de la forma ideal para beneficio del país.
El primer punto importante es la gestión pública y las tareas a realizar para hacer una administración eficiente: “A través de la contratación pública se entregan obras, bienes y servicios a los ciudadanos, representa el 15 % del Producto Interno Bruto del país y es un motor que dinamiza la economía” aseguró Paca Zuleta. Con la contratación se pueden promover otros objetivos de política pública como economía verde, empleabilidad para mujeres, apoyo a pymes y mi pymes, entre muchos otros. Sin embargo -apunta Zuleta-, de la forma que se ha administrado en el país, no sigue las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales.
El debate giró en torno a la contratación pública y su relación con la corrupción. “Las cláusulas sociales, sin una organización y sistematización, pueden dar paso a la corrupción”, afirmó Angélica Lozano. De acuerdo con el candidato Barreras, el Estado debe tener un fin social con un interés general, indicando que las cláusulas sociales no deben ser usadas como mecanismo de ventaja por una empresa hacia su competencia. Por su parte, Gabriel Santos comentó que estas medidas suelen restar el cálculo electoral y el favoritismo mediático cuando no se apoyan, pero es necesario revisar que realmente se estén ejecutando para beneficiar a las personas y no para intereses particulares, más allá que parezca en ocasiones una opinión impopular. “En el Congreso de la República, en los últimos 10 años, ha habido decisiones para promover sectores particulares a través de la contratación pública” apunta Paca Zuleta.
Los panelistas compartieron una opinión generalizada, que dicta que cuando se habla de políticas públicas, el Congreso debe hacer parte de las decisiones, teniendo responsabilidades de legislación y control político. La calificación de las obras se debe hacer durante la ejecución (no cuando ya se haya terminado la construcción), para evitar inconvenientes como la recisión del contrato sobre la marcha, pero el control político generalmente se hace sobre los escándalos y nunca sobre los temas puntuales de fondo.
El aspirante Santos hizo referencia a la importancia de integrar los avances tecnológicos (ejemplificando con grandes ciudades del mundo que los han utilizado con éxito) para evitar sobrecostos en las obras o dilataciones en los tiempos establecidos, permitiendo una contratación más efectiva y previniendo la aparición de los inconvenientes que generan pérdidas económicas.
Inevitablemente surgió la cuestión de cómo hacer que todos los temas hablados no se queden en el papel y se trasladen al Congreso para convertirse en legislaciones. Los participantes concordaron en que se requiere una articulación de varias entidades del Estado, control político riguroso del Congreso, la participación de la academia e incluso la responsabilidad del electorado. El objetivo es recuperar la confianza de la gente en el Estado mediante acciones, evitando que ciertas regulaciones puntuales no prosperen por diversas “trabas” que se presentan en el proceso.
Finalmente, los candidatos hablaron de algunas de sus iniciativas, como transparencia e indicadores, eficiencia en la contratación, acceso fácil a la información y reforma política.
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