El uso de sistemas de inteligencia artificial en el Estado colombiano ha crecido de manera acelerada y abarca múltiples sectores y funciones, lo que posiciona al país como uno de los más avanzados en la región.

Este desarrollo evidencia una tensión central: mientras algunas aplicaciones pueden contribuir a mejorar la gestión pública y apoyar derechos, otras plantean riesgos importantes, especialmente por el uso de datos personales y el aumento de tecnologías de vigilancia. En este contexto, se vuelve necesario abrir un debate más amplio y avanzar hacia un marco regulatorio que permita orientar su uso de manera responsable y en línea con los derechos fundamentales.

La transición demográfica del país, marcada por menos nacimientos y una población que envejece, está aumentando las demandas de cuidado, una responsabilidad que recae principalmente en las mujeres. 

La disminución de los nacimientos, el envejecimiento de la población y el aumento de hogares monoparentales —casi cuatro de cada diez menores viven solo con su madre— están transformando la forma en que las familias organizan el cuidado en Colombia. El texto muestra que estas responsabilidades siguen recayendo principalmente en las mujeres, lo que se refleja en mayores tasas de inactividad y desempleo, así como en prácticas discriminatorias en el mercado laboral relacionadas con la maternidad y las responsabilidades de cuidado. Aunque el país ha comenzado a reconocer esta problemática, como lo evidencia la Política Nacional de Cuidado aprobada en 2025 para crear un Sistema Nacional de Cuidado, la mayor parte del cuidado continúa realizándose de forma no remunerada en los hogares. En este contexto, se advierte que, ante los cambios demográficos del país, el cuidado será cada vez más central para el funcionamiento del mercado laboral, la sostenibilidad de los hogares y la calidad de vida de millones de personas. 

La persistencia de la violencia contra niños, niñas y adolescentes evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de protección y priorizar su bienestar en la agenda pública. 

La protección de la niñez y la adolescencia es un tema central del debate público en Colombia. Más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes dependen de las decisiones que adopten los próximos gobernantes, mientras que la violencia contra esta población continúa siendo una realidad frecuente, evidenciada en altos niveles de maltrato, explotación y muertes violentas. El texto advierte que estos hechos reflejan sistemas de protección fragmentados y destaca factores que aumentan el riesgo de violencia, como el estrés asociado a la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de redes de apoyo para madres, padres y cuidadores. A partir de evidencia reciente, se enfatiza que la prevención y el fortalecimiento de quienes cuidan —mediante salud mental comunitaria, programas de crianza positiva y redes de apoyo— son elementos clave para reducir la violencia. En este contexto, se plantea la importancia de fortalecer los sistemas de protección infantil mediante una mayor articulación entre sectores, inversión en el talento humano que trabaja con las familias, mejores sistemas de información y mayores capacidades institucionales para prevenir y responder a las situaciones de violencia. 

Aunque el desempleo y la informalidad han disminuido en los últimos años en Colombia, la reducción ha sido lenta y los niveles siguen siendo altos. 

La columna examina la evolución reciente del desempleo y la informalidad en Colombia y las dificultades persistentes para mejorar la inserción en el empleo formal. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025 la tasa de desempleo pasó de 11,1 % a 8 % y la informalidad de 58,7 % a 55,7 %, mientras la participación laboral aumentó de 63,5 % a 64,3 %, lo que indica que la mejora no se explica por la salida de personas del mercado de trabajo. A pesar de este avance, en 2025 cerca de 64 de cada 100 personas en la fuerza laboral tenían dificultades para hacer parte del mercado formal, frente a 69 de cada 100 en 2021. El texto señala además que el desempleo y la informalidad están asociados con desigualdades que afectan de manera desproporcionada a mujeres, personas con menores niveles de formación y habitantes de regiones alejadas de las capitales departamentales. La columna sostiene que estos fenómenos responden a políticas de distintos sectores y que las reformas aplicadas en las últimas décadas no han producido cambios contundentes, por lo que plantea la necesidad de coordinar políticas que reduzcan los costos del empleo formal, mejoren las habilidades de los trabajadores y fortalezcan la inversión productiva. 

El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis marcada por fallas en la entrega de medicamentos, un aumento récord de tutelas y un creciente déficit financiero. 

La nota aborda la crisis del sistema de salud colombiano, evidenciada en problemas en la entrega de medicamentos, un aumento histórico de tutelas por el derecho a la salud y un déficit financiero acumulado. Aunque el sistema ha alcanzado una cobertura casi universal y mantiene uno de los gastos de bolsillo más bajos de la región, estos logros se ven amenazados por factores estructurales como la baja inversión en salud, el aumento de la demanda y de los costos de los servicios, la evasión de aportes y los efectos de la corrupción. También examina las tensiones en torno a las reformas al sistema y la necesidad de fortalecer la rectoría, la coordinación institucional y las capacidades para enfrentar problemas de salud pública. Finalmente, plantea la importancia de un acuerdo nacional que permita garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y preservar el derecho a la salud. 

Sanciones, presiones por el narcotráfico y choques políticos marcaron uno de los momentos más críticos de la relación entre Colombia y Estados Unidos en décadas. 

La columna analiza el deterioro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, que pasó de un momento en el que la relación bilateral había llegado a su nivel más alto desde finales de los años noventa a enfrentar en 2025 uno de sus momentos más críticos. Este deterioro se expresó en la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, sanciones al presidente y a miembros de su gobierno, amenazas de aranceles, de exclusión del sistema bancario internacional y de uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. La nota menciona que esta situación se ha relacionado con el crecimiento sostenido de los cultivos de coca y de la producción potencial de cocaína, las críticas de Washington a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro y los limitados avances de la política de “paz total”, en un contexto en el que grupos armados vinculados al narcotráfico se fortalecieron. En este marco, la visita de Petro a Washington se presentó como un intento de recomponer una relación bilateral profundamente tensionada. 

Las tensiones geopolíticas, la dependencia de importaciones y los altos niveles de inseguridad alimentaria evidencian los desafíos que enfrenta Colombia para garantizar el acceso a los alimentos. 

La columna examina los desafíos de la seguridad alimentaria en un contexto de transformaciones geopolíticas y tensiones comerciales que afectan el abastecimiento de alimentos y de insumos para su producción. En Colombia, estos riesgos se combinan con una alta dependencia de importaciones de granos y fertilizantes y con niveles persistentes de inseguridad alimentaria que afectan a millones de personas, especialmente en zonas rurales. Aunque en los últimos años se han registrado avances normativos y de política pública, como el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y del campesinado en la Constitución, estos no se han traducido en mejoras en los resultados. El texto también señala que factores como la crisis climática y el conflicto territorial agravan los riesgos para el acceso a los alimentos. En este contexto, plantea la necesidad de priorizar la seguridad alimentaria como una agenda central para el país en los próximos años