El trabajo comenzó con la identificación y priorización de competencias clave en sectores seleccionados, a partir de una revisión normativa y documental de buscadores jurídicos y estudios previos. A continuación, se realizaron grupos focales en diversas regiones del país —agrupadas por zonas como Centro, Caribe, Sur, Amazonia y Pacífico—, donde participaron secretarios de Planeación y Hacienda de municipios y departamentos. Estos espacios permitieron recoger información detallada sobre las barreras que enfrentan para ejercer sus competencias, incluyendo limitaciones financieras, administrativas y de capacidad técnica.

Como tercera etapa, se aplicó una encuesta a los gobiernos locales para profundizar en los hallazgos y capturar sus percepciones sobre cómo debería reorganizarse la distribución de funciones entre los distintos niveles del Estado. Todo este trabajo culminó en un informe con recomendaciones orientadas a una asignación más clara, eficiente y funcional de competencias, que fue socializado en eventos públicos y contó con amplia difusión.