Amazonía bajo amenaza: voces académicas, diplomáticas e institucionales alertan sobre la convergencia criminal y la urgencia de proteger el bioma
La Amazonía enfrenta delitos ambientales y criminalidad transnacional que exigen cooperación global y protección urgente a líderes.
En la Universidad de los Andes se llevó a cabo el encuentro Amazonía bajo amenaza, retos y oportunidades para la gobernanza regional, organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, y la Embajada de Alemania en Colombia.
El evento reunió académicos, representantes del Congreso, miembros de la sociedad civil y funcionarios de alto nivel para reflexionar sobre cómo las economías ilícitas y las dinámicas criminales están transformando la Amazonía, y cuáles son los desafíos urgentes en materia de seguridad, gobernanza y protección ambiental.
La embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, abrió la jornada destacando la importancia de actuar con sentido de urgencia frente a la deforestación y al papel central de las comunidades locales: “Si no detenemos pronto esta tendencia, cruzaremos un punto de no retorno en el que la Amazonía pasará de ser un sumidero de carbono a un emisor neto de CO₂”, afirmó.
Economías ilícitas y gobernanza
El primer panel abordó la convergencia de economías ilícitas en la región amazónica. El académico Francisco Gutiérrez recordó que más allá de la división entre lo legal e ilegal, el problema central es la militarización de la economía: “En todos los casos que estudié, los procesos de expansión de la frontera agraria resultaron irreversibles y profundamente ligados al control armado”.
Felipe Botero, director regional de GITOC, explicó cómo los recursos del narcotráfico se reinvierten en minería ilegal y ganadería: “La cocaína es una puerta de entrada. Sus ganancias se transforman en oro y tierras, consolidando ecosistemas criminales que ejercen gobernanza local”.
La profesora María Alejandra Vélez, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, enfatizó la dificultad de diferenciar entre ilegalidad e informalidad: “No todo lo ilegal es criminal. Campesinos, cocaleros, mineros artesanales y pequeños ganaderos están atrapados en cadenas de valor donde conviven actores ilegales y formales”.
Diferentes funcionarios públicos analizaron las respuestas estatales frente a estos retos. Se mencionó la necesidad de fortalecer los sistemas de control ambiental y judicial, así como de mejorar la coordinación regional entre países amazónicos.
La congresista Julia Miranda insistió en la urgencia de reactivar espacios de decisión: “Tenemos información en tiempo real sobre deforestación, pero sin voluntad política no hay reacción institucional. El CONALDEF no se reúne desde hace meses y la falta de acción está pasando factura”.
El panel concluyó con un llamado a aprovechar la atención internacional en torno a la próxima Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la COP30 en Brasil. Los organizadores coincidieron en que este es un momento decisivo para que los países amazónicos impulsen una agenda conjunta de protección del bioma.
Desafíos institucionales
El segundo panel dejó claro que los delitos ambientales y la criminalidad organizada en la Amazonía superan la capacidad de respuesta de los Estados de manera aislada. Los panelistas coincidieron en que la única salida es fortalecer la cooperación internacional, la articulación interinstitucional y la trazabilidad de los recursos naturales.
El viceministro de Defensa lo resumió con contundencia: “El operativo en sí mismo no resuelve el problema. Solo cuando se articula con oferta institucional y mejora de condiciones de vida, podemos contener la amenaza”.
Por su parte, el representante de la Fiscalía advirtió sobre la complejidad jurídica: “Lo que es delito en Colombia, no necesariamente lo es en Brasil o en Perú. El crimen es transnacional, pero las legislaciones siguen fragmentadas”.
Desde la Policía Nacional se destacó el esfuerzo humano y logístico en la región: “Defender la Amazonía implica superar enormes desafíos de despliegue y coordinación. Nuestros hombres y mujeres trabajan en condiciones extremas para proteger tanto los recursos naturales como a las comunidades”.
Un cierre con llamados a la acción
Finalmente, Erika Benítez, directora de la FCDS, cerró con un llamado directo a los gobiernos y a la comunidad internacional: “El negocio de la deforestación se sostiene en tres certezas: la impunidad, la inversión pública sin control y el acceso ilimitado a tierra y commodities. Si no desmontamos estas lógicas, seguiremos alimentando la criminalidad”.
El consenso fue claro: la Amazonía no es solo un problema ambiental, es un desafío político y de seguridad global. Y su defensa requiere una acción conjunta que ponga en el centro a las comunidades, la innovación institucional y la corresponsabilidad internacional.
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