Veinticinco servidores públicos, seleccionados entre más de 400 postulantes, culminaron en Bogotá la primera cohorte del curso regional sobre IA y derechos humanos, organizado por Derechos Digitales y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Un concurso de dos fases, abierto a estudiantes de grados 6.° a 11.° de colegios de Quibdó, definió el logotipo que identificará el proyecto de investigación sobre salud cardiovascular en adolescentes.

El programa de subsidio para el arrendamiento de vivienda por nueve meses —diseñado e implementado por la ONG Blumont— logró mejorar de forma significativa y duradera la autosuficiencia y el bienestar psicosocial de hogares migrantes venezolanos encabezados por mujeres en Colombia, según una investigación en la que participó Arturo Harker Roa, director del Centro Imagina y profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, junto con los investigadores Ilana Seff, Juan Pablo Franco, Deanna Barch, Kellie Leeson y Lindsay Stark. Un año después de terminado el programa, las familias que lo recibieron seguían estando mejor que las que no lo recibieron.

El estudio, publicado el 9 de julio de 2026 en la revista SSM – Population Health bajo el título “Evaluating the relationship between rental assistance and self-reliance and well-being among displaced populations: A propensity score–matched analysis”, evaluó un programa de asistencia de alquiler que la organización Blumont implementó en 17 barrios de nueve ciudades colombianas: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Cali, Jamundí y Medellín.

Contexto

Colombia es hoy hogar de cerca de 2.9 millones de migrantes venezolanos, más de la mitad de ellos mujeres y niñas. Diversos estudios han asociado la migración forzada con niveles elevados de depresión, ansiedad y estrés postraumático, y han mostrado que la inseguridad habitacional —ya sea por hacinamiento, mala calidad de la vivienda o riesgo de desalojo— agudiza esos efectos y reduce la capacidad de las personas para planear su futuro. Sin embargo, la mayor parte de esa evidencia proviene de países de altos ingresos y no de contextos de crisis humanitaria activa como el colombiano. Fue justamente ese vacío en la evidencia el que buscó llenar esta investigación.

Cómo funcionó el programa

A través de Blumont, el programa pagó el alquiler de 517 hogares durante nueve meses. Cada familia debía buscar y proponer su propia vivienda, y Blumont la aprobaba solo si cumplía tres condiciones básicas: un contrato escrito por nueve meses, máximo tres personas por espacio para dormir, y acceso confiable a agua, saneamiento y electricidad. En promedio, el programa cubrió arriendos de 413.694 pesos colombianos al mes, unos 103 dólares.

En octubre de 2023, el equipo caracterizó a 1998 hogares en los barrios del estudio, de los cuales 1066 cumplían los requisitos para participar; los recursos disponibles solo alcanzaron para atender a 517, priorizados según su nivel de vulnerabilidad. Los 549 hogares elegibles restantes, que no recibieron el apoyo, sirvieron de base para construir, mediante una técnica estadística de emparejamiento, un grupo de comparación de 229 hogares con características muy similares a las del grupo beneficiario —mismo nivel de ingreso, tamaño del hogar, edad de la jefa de hogar y situación de atraso en el pago del arriendo al momento del tamizaje—, lo que permitió aislar el efecto real del programa y no atribuirle mejoras que habrían ocurrido de todas formas.

Los resultados

El equipo de investigación midió nueve aspectos de la vida de las familias —autosuficiencia general, tranquilidad, satisfacción con la vida, agencia, autoeficacia, disponibilidad de tiempo, sentido de comunidad, aculturación e ingreso per cápita del hogar— a los 2, 6 y 12 meses después de terminado el programa, comparando siempre a las familias beneficiarias con el grupo de comparación.

El hallazgo central es simple: la situación de las familias que recibieron el subsidio de alquiler mejoró más que la de quienes no lo recibieron, y esa diferencia se mantuvo durante todo el año siguiente. A a los dos meses de terminada la ayuda, los hogares beneficiarios superaban al grupo de comparación en todos los indicadores medidos, y esa ventaja siguió siendo estadísticamente significativa a los doce meses en la gran mayoría de ellos. Las dos únicas excepciones fueron el ingreso del hogar y la aculturación (el interés declarado por preservar costumbres venezolanas y adoptar costumbres colombianas): en ambos casos, la diferencia con el grupo de comparación ya no era significativa para el mes doce.

Dos resultados se destacan especialmente:

• Autosuficiencia general: las familias beneficiarias mostraron mejoras muy superiores a las del grupo de comparación, tanto a los dos meses como a los seis meses de terminado el programa. Este indicador combina doce aspectos de la vida del hogar, como vivienda, alimentación, salud, empleo, ahorros y deudas.
• Tranquilidad mental: la diferencia con el grupo de comparación fue aún mayor a los seis y doce meses, uno de los efectos más grandes de todo el estudio. Este resultado mide qué tan calmadas, estables y en paz se sienten las personas en su vida diaria.

Un dato importante: esta ventaja no se fue diluyendo en el tiempo. Para la mayoría de los indicadores se mantuvo prácticamente igual de los dos a los doce meses, y en dos casos —la tranquilidad y la confianza en la propia capacidad de resolver problemas (autoeficacia)— la diferencia con el grupo de comparación incluso aumentó de forma significativa frente a lo observado a los dos meses, sosteniéndose así hasta el final del seguimiento. Donde sí hubo un retroceso claro fue en el ingreso del hogar: a los seis meses las familias beneficiarias ganaban más que el grupo de comparación, pero para el mes doce esa diferencia había desaparecido.

Por qué podría estar pasando esto

Los autores creen que un elemento del diseño del programa pudo ser determinante: la exigencia de verificar que la vivienda fuera segura antes de aprobar el pago. Sentirse inseguro en el propio hogar consume recursos mentales en vigilancia, estrés y manejo del riesgo; tener una vivienda estable, en cambio, libera esas capacidades cognitivas y emocionales para planear a futuro. El estudio también resalta que, frente a los programas de generación de ingresos y capacitación laboral —los más comunes en la respuesta humanitaria, pero con resultados frecuentemente mixtos y costos elevados—, esta asistencia de alquiler produjo mejoras sostenidas con una intervención relativamente breve y acotada en el tiempo.

Conclusión

Los propios autores señalan los límites de su hallazgo: al no haber existido una asignación aleatoria de las familias al programa, los resultados corresponden a un diseño cuasiexperimental y no a un ensayo aleatorizado que permitiría hablar con total certeza de causalidad, y tampoco se contó con mediciones previas al inicio del programa para el grupo de comparación. Aun con esas salvedades, el estudio concluye que la asistencia de alquiler de corto plazo puede generar mejoras significativas y sostenidas en la autosuficiencia y el bienestar de los hogares desplazados: al aliviar la inseguridad habitacional, este tipo de intervención parece reducir la percepción de escasez y el estrés, y permitir que las familias se estabilicen, planeen a futuro e inviertan en metas de largo plazo. Frente a la escasa evidencia existente sobre la vivienda como herramienta humanitaria —y a los resultados con frecuencia mixtos de los programas de generación de ingresos—, los autores plantean que la asistencia de alquiler puede ser una vía especialmente eficiente hacia la independencia económica y el bienestar sostenible de las poblaciones desplazadas.

Lea el artículo completo aquí: https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2026.101948

Los participantes formularon diez prototipos conceptuales de proyectos de inteligencia artificial, acompañados de maquetas digitales de las herramientas propuestas para la organización.

Entre el 20 y el 24 de julio de 2026, cincuenta funcionarios del Grupo ICE participaron en el curso «Inteligencia artificial para el sector público: mentoría experta con transferencia de conocimiento para el Grupo ICE», diseñado y ejecutado por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. El programa se desarrolló en instalaciones del Grupo ICE, en Costa Rica, y comprendió veinticinco horas de formación: veintiuna presenciales y cuatro en modalidad remota sincrónica.

La actividad reunió a profesionales de distintas dependencias del conglomerado con el propósito de desarrollar y potenciar competencias estratégicas y técnicas en inteligencia artificial.

La ruta formativa condujo a los participantes por el ciclo completo de concepción de un servicio público basado en inteligencia artificial: identificación de problemas y casos de uso, diseño centrado en el usuario mediante pensamiento de diseño, gobernanza y ética, transparencia algorítmica, gestión de riesgos y seguridad, gobernanza de datos, medición de valor público y gestión del cambio organizacional.

El componente aplicado ocupó una porción sustantiva del programa. Trabajando en equipos, los participantes desarrollaron diez prototipos conceptuales de proyectos de inteligencia artificial y los complementaron con maquetas digitales (mock-ups) de las herramientas propuestas para el Grupo ICE. Cada equipo presentó su propuesta al cierre del curso y recibió retroalimentación del equipo docente.

La coordinación académica estuvo a cargo del profesor Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, y lo acompañaron en el equipo docente el profesor Rubén Francisco Manrique, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, con la asistencia académica de Juan Camilo Sanguino, PhD.

Para el profesor Gutiérrez, el valor de la formación reside en la manera de plantear el problema antes de elegir la tecnología. «La discusión sobre inteligencia artificial en el sector público suele empezar por la herramienta y terminar en el usuario. Nosotros propusimos el recorrido inverso: partir de las necesidades concretas de quienes usan y prestan el servicio, y solo después preguntarse qué tecnología (si alguna) resuelve ese problema», señaló.

Un estudiante del curso destacó tanto los instrumentos metodológicos como su alcance organizacional. «Las herramientas facilitadas nos permitieron dos cosas: una metodología para facilitar la formulación de proyectos de inteligencia artificial hasta generar un mock-up y, quizás lo más importante, identificar temas de gobernanza y habilitadores empresariales necesarios para orquestar el despliegue de soluciones de forma ordenada, gestionando riesgos y priorizadas desde las necesidades del negocio», expresó.

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo orienta sus actividades a mejorar la calidad de las políticas públicas y la administración del Estado, y diseña programas a la medida para organizaciones del sector público, organismos multilaterales y entidades de la sociedad civil de América Latina. En los últimos tres años ha formado a casi dos mil estudiantes nacionales e internacionales en procesos de formación de educación continua sobre inteligencia artificial y gobierno.

Nuevos hallazgos del proyecto Health Protect aportan evidencia sobre la relación entre ingresos, salud y envejecimiento para orientar el diseño de políticas públicas.

El ingreso de los hogares puede marcar una diferencia en la salud durante la vejez. Ese es uno de los primeros hallazgos que compartió el equipo del proyecto Health Protect durante la segunda mesa multiactor, realizada el 8 de julio por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. El encuentro reunió a investigadores, representantes del sector público, la academia y organizaciones de la sociedad civil para analizar cómo la política fiscal y las transferencias monetarias pueden contribuir a responder al acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta el país. 

La mesa fue organizada por el equipo colombiano de Health Protect y contó con la participación de Diego Lucumí, profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, y de los investigadores Sandra Martínez, Philipp Hessel y Nixon Vera, quienes compartieron avances del proyecto y dialogaron con distintos actores sobre el papel de la evidencia en el diseño de políticas públicas. 

Durante la apertura, Philipp Hessel presentó Health Protect como una iniciativa de investigación que se desarrolla en Colombia, México, Brasil, Argentina y Ecuador, financiada por el Medical Research Council del Reino Unido. Explicó que el proyecto utiliza modelos de microsimulación fiscal para estimar cómo posibles cambios en los impuestos o en los programas de transferencias monetarias pueden afectar el ingreso de los hogares y, posteriormente, proyectar su relación con indicadores de salud como la mortalidad. 

Uno de los principales resultados fue presentado por Sandra Martínez, quien expuso los avances del componente sobre envejecimiento. A partir de información censal de Brasil, Colombia y Ecuador, el equipo encontró que, en Colombia y Brasil, un mayor ingreso del hogar se asocia con una menor probabilidad de que un hogar reporte el fallecimiento de una persona mayor de 60 años. En Colombia, esta asociación equivale a una reducción cercana al 10 % en el reporte de mortalidad. En Ecuador, en cambio, se observó el patrón contrario, un resultado que continúa en análisis. La investigadora explicó que se trata de una correlación y no de una relación de causalidad; sin embargo, señaló que, por tratarse de datos censales, estos hallazgos podrían tener implicaciones importantes a nivel poblacional. 

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a Colombia Mayor, el principal programa de transferencias monetarias para personas mayores sin pensión contributiva. Nixon Vera presentó simulaciones que muestran que aumentar el monto del subsidio podría reducir la pobreza y la desigualdad entre las personas beneficiarias, con un efecto especialmente significativo en las mujeres. Los análisis también evidencian que el programa llega principalmente a la población con menores ingresos. No obstante, el investigador señaló que el monto actual del subsidio podría seguir siendo insuficiente para generar efectos visibles sobre la salud y recordó que Colombia Mayor no reemplaza el sistema pensional, sino que constituye una respuesta parcial a la histórica informalidad laboral del país. 

Más allá de los resultados de investigación, la mesa abrió un espacio en el que se reflexionó sobre los desafíos de la protección social en un contexto de envejecimiento. Entre los principales temas se destacó la necesidad de fortalecer un enfoque de derechos, incorporar perspectivas territoriales y diferenciales, reconocer el trabajo de cuidado y mejorar el uso de la información para orientar la toma de decisiones. Los participantes también llamaron la atención sobre situaciones de abandono de personas mayores, casos de violencia económica relacionados con la administración de los subsidios y las brechas entre la producción de información y su aprovechamiento para diseñar políticas públicas más efectivas. 

Al cierre del encuentro, el equipo anunció que continuará el análisis con información desagregada por departamentos y principales ciudades del país, además de avanzar en estudios sobre carga de enfermedad para distintos grupos de edad. Diego Lucumí destacó que esta evidencia puede aportar a discusiones clave para el futuro de la política pública en Colombia, como la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo y las próximas elecciones locales. Asimismo, reiteró que el reto no es solo generar evidencia, sino lograr que esta contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones. 

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