El pasado 14 de mayo, Ángela Guarín, profesora de la Escuela de Gobierno, participó en el Foro Regional “Prioridades para una Agenda de Derechos Económicos de las Mujeres”, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. El encuentro reunió a organizaciones, activistas y expertas de distintos países de las Américas para debatir sobre los derechos económicos de las mujeres en la región. Durante la mesa “Redistribuir para la igualdad: economía y cuidados”, la profesora planteó que la invisibilización del cuidado no es un olvido ni un rezago cultural, sino un arreglo político con consecuencias económicas concretas.

Si el trabajo de cuidados sostiene nuestras economías y sociedades, ¿por qué continúa siendo invisibilizado, distribuido de manera desigual y asumido principalmente por las mujeres?

Para responder a esta pregunta, la profesora explicó que el cuidado no es invisible, sino invisibilizado, y propuso entender este fenómeno desde tres dimensiones. La primera tiene que ver con la medición. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha calculado que, en los diez países de la región que ya cuentan con cuentas satélite, el trabajo doméstico y de cuidado equivale a entre el 19 % y el 27 % del PIB, este sigue sin aparecer cuando se decide cuánto invertir en salud, educación o protección social.

“La invisibilidad estadística produce invisibilidad política”, afirmó.

La segunda dimensión es histórica, pues el trabajo de cuidado fue definido como “no trabajo” para convertirlo en una actividad gratuita que sostuviera el desarrollo económico sin asumir sus costos.

La tercera dimensión tiene que ver con la persistencia de las desigualdades. Aunque la participación laboral femenina ha aumentado, la distribución del cuidado prácticamente no ha cambiado. La ENUT 2024-2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra que, en Colombia, el 90 % de las mujeres realiza trabajo no remunerado —frente al 65,5 % de los hombres— y que quienes lo hacen le dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarios, más del doble que los hombres (3 horas y 12 minutos). Esta carga se intensifica en los hogares encabezados por mujeres, especialmente si se tiene en cuenta que, en Colombia, cuatro de cada diez menores viven únicamente con su madre.

Ahora bien, la desigualdad no opera únicamente por género. En América Latina y el Caribe, cerca de 13,5 millones de mujeres trabajan como trabajadoras del hogar, y más del 70 % lo hacen en condiciones de informalidad.

“El cuidado de unas mujeres se sostiene sobre el cuidado precarizado de otras”, advirtió la profesora.

¿Cómo impacta la sobrecarga de cuidados en la autonomía económica y las trayectorias laborales de las mujeres, especialmente en contextos de informalidad y precarización?

La sobrecarga de cuidados no solo consume tiempo; también condiciona las posibilidades de desarrollo laboral de las mujeres. Esas más de cuatro horas diarias de diferencia en el trabajo no remunerado son, muchas veces, las que marcan la distancia entre poder estudiar, capacitarse o emprender, y pasar directamente del trabajo remunerado a las tareas domésticas y de cuidado.

La discriminación no es únicamente estructural, también es explícita. En una encuesta del proyecto Digna, Trabajo y Género de la Universidad de los Andes, aplicada en Bogotá durante 2024, el 42 % de las mujeres reportó que le solicitaron una prueba de embarazo para acceder a un empleo, mientras que el 59 % afirmó haber recibido preguntas relacionadas con sus responsabilidades de cuidado durante procesos de selección laboral.

A esto se suma que cerca de la mitad de las mujeres ocupadas en América Latina trabaja en la informalidad, no por elección, sino porque muchas veces es la única alternativa viable para combinar trabajo remunerado y cuidado ante la ausencia de redes públicas suficientes. El impacto también se acumula a lo largo de la vida. Menores cotizaciones se traducen en pensiones más bajas —o incluso inexistentes— y en mayores riesgos de pobreza durante la vejez. Es lo que la CEPAL denomina el ciclo de desigualdad acumulativa, en el que las consecuencias de la sobrecarga de cuidados no afectan únicamente el presente laboral de las mujeres, sino también sus condiciones de vida en el futuro.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el cuidado como un derecho. ¿Cómo hacer exigible este derecho desde la sociedad civil frente a los Estados, al tiempo que se aboga por el reconocimiento del trabajo de cuidado como pilar de la economía?

Para la profesora, este reconocimiento representa un avance importante, pero el reto ahora es evitar que permanezca únicamente en el papel. En ese sentido, planteó tres caminos complementarios. El primero es el jurídico, mediante la aplicación de la OC-31/25 en tutelas, amparos y demandas estructurales. El segundo es el presupuestal, haciendo seguimiento a que las políticas y leyes cuenten con financiación real. Y el tercero es el institucional, impulsando leyes nacionales articuladas con los sistemas de salud, seguridad social y educación inicial.

En materia presupuestal, el Simulador OIT-CEPAL estima que un sistema integral de cuidado requeriría una inversión equivalente al 3,4 % del PIB colombiano hacia 2035. Sin embargo, persiste una amplia brecha entre lo proyectado en el CONPES 4143 y los recursos efectivamente ejecutados. En el plano institucional, el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá se ha consolidado como un referente regional, mientras que el Pacto por los Cuidados ha abierto un espacio de articulación y presión política a nivel birregional.

Sobre la tensión entre reconocer el cuidado como derecho y reconocerlo como trabajo, Guarín fue clara: si se entiende únicamente como un derecho, alguien —casi siempre una mujer— terminará asumiéndolo de manera gratuita. Pero si se entiende únicamente como trabajo, existe el riesgo de mercantilizarlo. Por eso, insistió en que ambas dimensiones deben defenderse de manera simultánea.

“La autonomía económica no es separable del problema del cuidado”, concluyó.

La Universidad de los Andes y la UNESCO lanzan la versión en español de las Directrices para el Uso de Inteligencia Artificial en Cortes y Tribunales

El documento, que establece 15 principios y recomendaciones prácticas para el uso responsable de IA en el sector judicial, fue presentado en un evento con representantes de las ramas judiciales de Argentina, Brasil, Colombia, España y Uruguay.

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y la UNESCO presentaron el pasado 30 de abril las Directrices para el Uso de Sistemas de Inteligencia Artificial en Cortes y Tribunales en su versión en español. El lanzamiento se realizó en un evento híbrido que reunió a representantes de los poderes judiciales de Argentina, Brasil, Colombia, España y Uruguay, así como a funcionarios de la UNESCO y a académicos de la Universidad de los Andes.

Las Directrices responden a una necesidad documentada: según una encuesta de la UNESCO a más de 500 operadores judiciales de 96 países, el 44 % utiliza activamente herramientas de inteligencia artificial en su trabajo, pero solo el 9 % ha recibido algún tipo de formación o guía al respecto. En América Latina, el proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes ha identificado más de 60 herramientas de IA implementadas por órganos de la rama judicial de la región.

Las Directrices, elaboradas por el profesor Juan David Gutiérrez de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes bajo el auspicio de la UNESCO, establecen 15 principios rectores —entre ellos derechos humanos, proporcionalidad, explicabilidad, supervisión humana y gobernanza multiactor— y ofrecen recomendaciones diferenciadas para organizaciones judiciales y para operadores individuales a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.

Un llamado a la reflexión desde los principios

El evento fue inaugurado por Camilo González, director de Investigaciones de la Escuela de Gobierno, y Antonio Barreto, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ambos destacaron la oportunidad y la pertinencia de las Directrices en un contexto en el que la adopción de la IA avanza más rápido que la formación y la regulación.

Prateek Sibal, de la Sección de Políticas Digitales y Transformación Digital de la UNESCO, explicó que las Directrices son el resultado de un proceso consultivo de más de un año que incluyó consultas con expertos y una consulta pública abierta con aportes de cerca de 100 organizaciones de todo el mundo. Sibal subrayó que la UNESCO también ha desarrollado un programa de formación para el poder judicial —incluyendo un curso masivo abierto en línea con la Universidad de Oxford sobre IA, justicia y Estado de Derecho— para cerrar la brecha entre el uso creciente de estas tecnologías y la falta de capacitación.

Un documento para todo el ciclo de vida de la IA judicial

En su presentación, el profesor Gutiérrez explicó que, si bien el título enfatiza el uso, las Directrices cubren todo el ciclo de vida de los sistemas de IA: desde el prediseño hasta la evaluación posterior al despliegue. En Colombia, encuestas realizadas por la Universidad de los Andes y el Consejo Superior de la Judicatura a más de 3.000 servidores judiciales revelaron que más de un tercio ya utiliza herramientas de IA, el 80 % accede a versiones gratuitas y el 70 % reconoce riesgos asociados a su uso. Gutiérrez señaló que estos datos refuerzan la urgencia de contar con directrices claras que permitan aprovechar las oportunidades de la tecnología sin comprometer la independencia judicial, la protección de datos personales ni el debido proceso.

El profesor Gutiérrez explicó que las Directrices fueron elaboradas mediante un proceso que combinó investigación empírica y consulta multiactor. Las Directrices persiguen cinco objetivos centrales: orientar los procesos de transformación digital de la rama judicial, proponer principios y recomendaciones éticas para todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, proteger los derechos humanos en cada etapa, diferenciar las responsabilidades de las organizaciones judiciales frente a las de los operadores individuales y complementar (no sustituir) los marcos normativos nacionales existentes.

Además de los 15 principios, las Directrices ofrecen recomendaciones puntuales tanto para las organizaciones que rigen la Rama Judicial como para los usuarios individuales. Además, especifica orientaciones puntuales sobre las herramientas de IA generativa y sugiere diez usos específicos.

El profesor  de la Escuela de Gobierno destacó que las herramientas de IA en el sector judicial no se limitan a la redacción asistida de sentencias: la base de datos del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos de la Universidad de los Andes registra más de 1.000 herramientas de IA en Estados latinoamericanos, de las cuales más de 60 corresponden a la rama judicial, abarcando funciones como búsqueda asistida de jurisprudencia, anonimización de expedientes, traducción simultánea a lenguas indígenas, detección de patrones y anomalías en evidencia, y gestión procesal.

Cinco jurisdicciones, múltiples enfoques

El panel regional evidenció la diversidad de enfoques y niveles de avance en la región. Cada representante abordó los avances de su jurisdicción y reflexionó sobre la pertinencia de los instrumentos de la UNESCO para sus respectivos desarrollos nacionales.

Brasil. La Dra. Giovanna Carneiro, del Tribunal Superior de Justicia (STJ), presentó un ecosistema avanzado de gobernanza de la IA judicial, liderado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). El STJ lanzó en 2025 su propia herramienta de IA generativa, STJ Logos, desarrollada internamente para evitar la dependencia tecnológica. Carneiro destacó las lecciones del programa de capacitación presencial que formó a más de 800 personas en el tribunal, y subrayó que no todos los jueces se sienten cómodos con estas herramientas, lo cual debe respetarse en virtud de la independencia judicial.

España. El magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, miembro del Comité Consultivo de IA de la Comisión Europea de Eficiencia de Justicia (CEPEJ), reportó que España fue pionera en la formación judicial en IA desde 2020, con programas que evolucionaron hacia plataformas digitales y publicaciones especializadas. El magistrado Peralta Gutiérrez enfatizó el rol de los jueces como garantes de derechos frente a las decisiones algorítmicas y la necesidad de una formación masiva para los más de 5.500 miembros de la carrera judicial española.

Colombia. La Dra. Diana Ramírez Olaya, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentó los avances en la transformación digital del Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo sus lineamientos para el uso de IA publicados tras las encuestas nacionales. El magistrado auxiliar Manuel Ríos complementó la intervención señalando la importancia de pensar la IA no solo desde el rol del juez, sino desde la administración de justicia como sistema, con aplicaciones potenciales en analítica de datos en tiempo real y lo que denominó “justicia de precisión”.

Uruguay. La Dra. María Elena Salaberry, del Centro de Estudios Judiciales, informó que una encuesta a jueces y actuarios reveló que el 84 % carecía de capacitación en IA y que el 87 % solicitaba regulación. Con el apoyo de la UNESCO y del profesor Gutiérrez, Uruguay desarrolló un borrador de protocolo basado en cinco principios de las Directrices —supervisión humana, responsabilidad, transparencia, uso informado y gobernanza multiactor—, que se encuentra a estudio de la Suprema Corte de Justicia. También tiene en marcha un proyecto de laboratorio de innovación, con la participación de la AGESIC y de la unidad de protección de datos.

Argentina. La Dra. Mariana Sánchez-Caparrós, del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, describió un ecosistema federal en el que 8 provincias ya cuentan con directrices propias para el uso de la IA generativa. Sánchez-Caparrós resaltó la importancia de las redes de innovación judicial —articuladas entre laboratorios universitarios y poderes judiciales provinciales— y anticipó que las nuevas Directrices de la UNESCO servirán de referencia para las provincias que están actualizando o elaborando sus marcos regulatorios internos.

Un instrumento para América Latina y el mundo hispanohablante

La publicación de la versión en español se suma a las versiones en inglés, francés y árabe, y la edición en portugués está en preparación. Las Directrices están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web de la UNESCO. El profesor Gutiérrez subrayó que el documento busca que la Rama Judicial aspire a utilizar herramientas de IA para mejorar, no para reemplazar, el juicio humano.

La grabación del evento está disponible acá: https://www.youtube.com/live/64PDHujq5LI

El liderazgo público es un concepto ampliamente utilizado en escenarios sociales y políticos. Sin embargo, su definición y las competencias necesarias para ejercerlo han sido desarrolladas de manera limitada, lo que ha contribuido a su uso impreciso en la teoría y en la práctica.

Con el propósito de aportar mayor claridad conceptual y herramientas concretas para su fortalecimiento, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y Fundación Corona se aliaron en 2021 para desarrollar una investigación que permitiera construir un marco conceptual y de competencias de liderazgo público.  Este ejercicio se complementó con el desarrollo de instrumentos de priorización y medición de competencias y con esfuerzos de sistematización de experiencias en liderazgo público en el contexto colombiano durante los años 2023 a 2026.

El resultado de la alianza ha sido contar con una propuesta conceptual, metodológica y práctica que busca orientar y fortalecer procesos de liderazgo individual y colectivo en el país y la región.

Más que una persona: el liderazgo como proceso colectivo

Uno de los puntos de partida del proyecto es reconocer que el liderazgo es un fenómeno social dinámico. Su comprensión no depende únicamente de las características personales de quien ocupa un rol visible, sino también de las relaciones y prácticas que se construyen en contextos específicos.

Por eso, la alianza propone analizar el liderazgo desde dos dimensiones complementarias:

• La dimensión individual, asociada a rasgos, habilidades y competencias.
• La dimensión colectiva, que enfatiza las relaciones y dinámicas que permiten la acción conjunta.

Desde esta perspectiva, el liderazgo público se conceptualiza como un fenómeno relacional, incluyente y corresponsable, orientado a movilizar grupos, personas y comunidades hacia la generación de valor público.

Liderar en contexto: una mirada sistémica

Las investigaciones realizadas incorporan una aproximación sistémica que reconoce la importancia del contexto en el ejercicio del liderazgo. Elementos como los actores, las relaciones, las conflictividades y los recursos inciden en su desarrollo.

Además, el estudio reconoce distintos enfoques y paradigmas del liderazgo para ofrecer una comprensión más amplia del liderazgo en el ámbito público.

Un modelo que integra saber, hacer y actuar

Como parte central del proyecto, se formuló un marco general de competencias para orientar y fortalecer el ejercicio del liderazgo público.

El concepto de competencia se entiende como el conjunto articulado de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que una persona puede poner al servicio de un grupo para diagnosticar y resolver problemas.

El modelo integra tres dimensiones:

• Competencias cognitivas.
• Competencias socioemocionales y relacionales.
• Competencias integradoras, que articulan lo técnico y lo socioemocional para enfrentar retos complejos.

Esta propuesta supera la división tradicional entre competencias “blandas” y “duras” y plantea una visión integral del liderazgo público.

De la evidencia a la acción

La metodología combinó revisión de literatura académica nacional e internacional con entrevistas y espacios de discusión con actores vinculados a iniciativas de liderazgo territorial en Colombia.

Como resultado, el proyecto consolidó un marco teórico-conceptual, un modelo integrador de medición de competencias, instrumentos cuantitativos y cualitativos, casos de estudio y una guía práctica de liderazgo colectivo.

La apuesta ha sido aplicada por las organizaciones y otros aliados en diferentes lugares de Colombia y con diferentes grupos poblacionales, contribuyendo al fortalecimiento de programas de liderazgo y de acciones orientadas al cambio social. Por ejemplo, el modelo se implementó en Yumbo- Valle del Cauca con la iniciativa del Colectivo Ciudadano Yumbeño.

Un aporte concreto para fortalecer el liderazgo público en el país

A partir de esta alianza se ha logrado:

(1) Consolidar un modelo conceptual y de competencias que integra dimensiones individuales, colectivas y sistémicas del liderazgo. Este se encuentra en el texto: Tejer el liderazgo público que les invitamos a consultar.

(2) Sistematizar casos de estudio de liderazgo público en Colombia cuyos aprendizajes ayudan a entender y mejorar las prácticas de liderazgo. Se puede encontrar el caso de estudio de Profamilia y el caso del Colectivo Ciudadano de Yumbo.

(3) Construir instrumentos de priorización y medición de competencias para fortalecer procesos de formación profesional y territorial. En este momento estamos desarrollando una herramienta de uso abierto que permitirá priorizar competencias según contexto territorial y organización, población beneficiaria y etapa del liderazgo.

(4) Contribuir a la construcción de herramientas prácticas y de acceso abierto para fortalecer procesos de liderazgo territorial. Por ejemplo, actualmente contamos con la Cartilla de liderazgo colectivo, que cuenta con ejercicios prácticos para que cualquier persona pueda fortalecer procesos de liderazgo.

Desde la Alianza seguimos priorizando la investigación y traduciendo la evidencia en herramientas concretas para los distintos procesos de liderazgo del país.

En el marco del Grupo de Investigación Multidisciplinario en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno se desarrolló un chatbot que reúne información sobre el sistema de salud colombiano. El proyecto es liderado por Óscar Alberto Bernal Acevedo, profesor titular.

La herramienta fue diseñada para ofrecer información clara y estructurada sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia y facilitar su comparación con otros países. A través del chatbot es posible consultar conceptos clave, conocer cómo está organizado el sistema y explorar discusiones sobre sus desafíos y reformas.

El asistente permite acceder a contenidos sobre temas como el aseguramiento, el financiamiento del sistema, la gobernanza y gestión institucional, la prestación de servicios de salud, los modelos de atención, el acceso a medicamentos y tecnologías en salud, el talento humano y los sistemas de información para la toma de decisiones. También incluye información sobre el impacto del conflicto armado y los movimientos de población en la salud.

Además de responder consultas, el chatbot dirige a los usuarios hacia materiales para profundizar en cada tema, entre ellos documentos explicativos, enlaces a capítulos temáticos, estadísticas, gráficos y contenidos audiovisuales.

El proyecto también cuenta con un pódcast disponible en Spotify en el que se abordan distintos temas relacionados con el sistema de salud colombiano. Este espacio complementa y amplía la conversación sobre el funcionamiento del sistema y algunos de sus principales retos.

Acceda al chatbot aquí: SaludBot

Conozca más información haciendo clic en los siguientes enlaces:

• Página web sobre el sistema de salud Colombiano
• Podcast
• Repositorio web-Escuela de Gobierno

Un estudio de la Escuela de Gobierno analiza cómo se distribuyen las competencias entre Nación, departamentos y municipios, y qué tan viable es cumplirlas con los recursos disponibles.

Más de treinta años después del inicio de la descentralización en Colombia, persiste una pregunta central: ¿los territorios cuentan con los recursos y capacidades necesarios para asumir las funciones que les asigna la ley?

Para responderla, la Escuela de Gobierno examinó sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y atención a poblaciones de especial protección constitucional. El estudio incluyó revisión normativa, seis Encuentros Regionales con 127 funcionarios (14 grupos focales) y una encuesta aplicada a 27 de los 32 departamentos (84% de respuesta) y a 18 municipios de una muestra de 164.

El principal hallazgo: una brecha financiera estructural

El diagnóstico es contundente: existe una brecha estructural entre las competencias asignadas y los recursos disponibles para ejecutarlas.

El 93% de los departamentos afirmó necesitar recursos adicionales para cumplir sus funciones descentralizadas. En 15 de las 51 competencias analizadas, el 100% señaló requerir más recursos en 2024.

Las mayores presiones se concentran en infraestructura educativa, financiación de servicios de salud para población pobre no asegurada y construcción de vías secundarias y terciarias.

Aunque la descentralización amplió la cobertura en salud y educación, persisten brechas de calidad y diferencias en capacidades institucionales. Además, las condiciones regionales elevan los costos: municipios del Pacífico, Sur, Amazonía y Orinoquía reportan mayores dificultades para garantizar alimentación y transporte escolar en zonas rurales dispersas, mientras que en departamentos fronterizos la atención a migrantes incrementa la presión presupuestal sin recursos adicionales.

Cómo ven los territorios la distribución de competencias

La encuesta también indagó cómo deberían organizarse las competencias entre Nación, departamentos y municipios. Las respuestas se agruparon en tres esquemas: funciones asumidas por un solo nivel de gobierno, compartidas entre dos niveles o ejercidas de manera conjunta por los tres niveles.

En Colombia, esta pregunta resume una realidad persistente en las zonas rurales y rurales dispersas del país. Enfermedades de alto costo como el cáncer, la enfermedad renal crónica y el VIH representan un reto creciente para el sistema de salud en territorios donde las barreras geográficas, económicas, culturales e institucionales dificultan el acceso oportuno a servicios especializados. Esta situación afecta de manera desproporcionada a la población afiliada al régimen subsidiado, que concentra la mayoría de habitantes rurales.

Con este panorama, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, con financiación de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, desarrolló un proyecto orientado a diseñar un modelo de Atención Primaria en Salud (APS) para el manejo integral de las Enfermedades de Alto Costo (EAC) en población rural y rural dispersa. La iniciativa busca responder a las barreras estructurales que hoy limitan el acceso efectivo al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en estos territorios.

El proyecto se apoyó en una revisión de literatura científica y gris, nacional e internacional, y en un diagnóstico situacional con enfoque cuantitativo y cualitativo. El análisis utilizó información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) y de la Cuenta de Alto Costo para el periodo 2015–2023, complementada con entrevistas y talleres participativos en departamentos como Meta, Cauca y Vaupés. Los hallazgos evidenciaron desigualdades persistentes en el acceso a servicios, limitaciones en la infraestructura y el talento humano, altos costos de traslado y una fragmentación institucional que afecta la continuidad del cuidado, especialmente en zonas de difícil acceso.

A partir de estos resultados, se formuló un modelo de APS adaptado a las realidades rurales del país. La propuesta integra la prestación de servicios, la salud pública y la Atención Primaria Renovada, con un enfoque de derechos y en coherencia con el marco normativo vigente. El modelo prioriza la prevención, la detección temprana y el seguimiento continuo de enfermedades de alto costo como el cáncer, el VIH y la enfermedad renal crónica, sin reemplazar los mecanismos existentes del sistema de salud.

El modelo se estructura sobre cinco principios rectores: accesibilidad, integralidad, equidad, participación comunitaria y sostenibilidad. Estos principios se traducen en acciones como el diseño de redes integradas de atención, el uso de telemedicina y unidades móviles de salud, el fortalecimiento del talento humano, la definición de rutas de atención adaptadas al territorio y la exploración de mecanismos de financiación que permitan garantizar la continuidad del tratamiento en contextos rurales y rurales dispersos.

Entre los componentes destacados se encuentra la participación activa de las comunidades, mediante la conformación de comités locales de salud y la formación de líderes comunitarios; el uso de tecnologías para la atención remota y el monitoreo de pacientes; y la implementación de estrategias logísticas como albergues temporales para pacientes y sus familias cuando deben desplazarse a centros urbanos. Estas acciones buscan reducir las barreras económicas y geográficas identificadas durante el diagnóstico.

El modelo fue concebido como una propuesta flexible, sostenible y replicable, con alcance nacional. Su implementación se plantea de manera progresiva, iniciando con experiencias piloto y acompañamiento institucional, con el fin de generar aprendizajes que permitan su ajuste y eventual expansión a otras regiones del país. El proyecto contempla, además, un sistema de monitoreo y evaluación continua, basado en indicadores cuantitativos y cualitativos, para fortalecer su impacto en la reducción de desigualdades en salud.

Conozca más sobre el proyecto aquí: Modelo de Atención Primaria para Enfermedades de Alto Costo en Población Rural y Rural Dispersa en Colombia – Escuela de Gobierno Uniandes | Universidad de los Andes

Diego Lucumí, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, es coautor de un artículo publicado en el Journal of Racial and Ethnic Health Disparities junto con Deivis Nicolás Guzmán Tordecilla, de la Universidad Johns Hopkins y Diana Carolina Pinzón, de la Universidad Nacional de Colombia, ambos egresados de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. La investigación analizó el impacto de la pandemia de COVID-19 en la atención del accidente cerebrovascular (ACV) en Colombia y concluyó que, aunque cerca del 98 % de la población está afiliada al sistema de salud, las desigualdades raciales en la atención se profundizaron durante la pandemia.

El estudio revela que durante la pandemia cuando el sistema de salud colombiano estuvo bajo una alta presión por la elevada demanda de servicios y los recursos en salud eran limitados, se observó un “efecto protector” hacia la población blanca/mestiza, mientras que los pacientes negros enfrentaron un aumento constante en la mortalidad y una reducción progresiva en la intensidad de sus tratamientos.

¿Qué muestran los resultados?

Los autores encontraron que, aunque durante la pandemia el acceso a los servicios de salud disminuyó para todos los grupos, una vez dentro del sistema el impacto fue distinto según el grupo racial.

En los primeros meses de la emergencia sanitaria, los pacientes negros registraron un aumento en la duración de la hospitalización. El estudio explica que, al inicio de la pandemia, los hospitales aún no habían alcanzado su máxima capacidad y la atención se concentró en los casos más graves, que afectaban de manera desproporcionada a esta población. Con el avance de la pandemia y el aumento de la presión sobre el sistema por la alta demanda, el agotamiento del personal y la escasez de recursos, las estancias hospitalarias de los pacientes negros comenzaron a reducirse de forma sostenida.

En contraste, entre la población blanca/mestiza la duración del tratamiento no disminuyó, sino que se mantuvo estable o incluso aumentó con el tiempo, lo que sugiere un acceso más continuo a la atención.

En cuanto a la mortalidad, el estudio señala que la brecha preexistente se amplió durante la crisis sanitaria: mientras la mortalidad al alta hospitalaria disminuyó entre la población blanca/mestiza, las personas negras presentaron una mortalidad por ACV cerca de tres puntos porcentuales más alta cada dos meses, lo que se tradujo en pérdidas económicas estimadas de 4,4 millones de dólares bimestrales.

Según los autores, en contextos de alta presión y escasez, las decisiones clínicas sobre a quién asignar camas, tiempo y tratamientos más intensivos tienden a volverse más discrecionales. En ausencia de criterios explícitos orientados a la equidad, estas decisiones pueden verse influidas por factores estructurales o sesgos implícitos (Actitudes, estereotipos y creencias aprendidas socialmente, que operan sin intención explícita y pueden influir en como tratamos a otros o en la toma de decisiones). De no existir este tipo de influencias, señalan los investigadores, sería esperable observar una asignación similar de recursos entre los grupos raciales, incluso bajo condiciones de crisis, pero no fue lo encontrado en el estudio.

¿Cómo se realizó el estudio?

Para obtener los resultados, los investigadores utilizaron un Análisis de Series de Tiempo Interrumpidas de múltiples grupos, un diseño que permitió estimar el impacto de la pandemia en el acceso a la atención médica, la duración del tratamiento y la mortalidad relacionadas con los ACV entre las poblaciones negras y blancas/mestiza. El estudio se basó en datos panel del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, con una base de más de medio millón de observaciones entre 2016 a 2021.

Además, se incorporó información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, una encuesta representativa a nivel nacional, que mostró que en 2020 la percepción de “buena calidad” en la atención de consultas médicas y hospitalizaciones aumentó en la población blanca/mestiza, mientras que en la población negra disminuyó.

¿Dónde fueron más profundas las brechas?

Las desigualdades fueron mayores en contextos específicos. En el régimen contributivo, las estancias hospitalarias de pacientes negros disminuyeron tres veces más rápido que en el régimen subsidiado. En las zonas urbanas, estas estancias se redujeron casi al doble de la velocidad observada en áreas rurales, en medio de alta competencia por camas hospitalarias durante la pandemia. Además, las brechas fueron más marcadas entre mujeres que entre hombres: el estudio señala que las mujeres negras enfrentan una “doble carga” de sesgo racial y de género, asociada históricamente con una atención menos agresiva para enfermedad cardiovascular.

Racismo estructural y sesgos implícitos

Los autores sostienen que la raza opera en Colombia como un estratificador social que posiciona de manera distinta a los grupos frente a los recursos. Durante la pandemia, el racismo estructural y los sesgos implícitos habrían influido en decisiones clínicas, llevando a una priorización involuntaria de la población blanca en procesos de triage  y alta hospitalaria.

El estudio concluye que la cobertura universal es insuficiente sin una implementación orientada a la equidad. Entre las propuestas de política pública se destacan:

• Capacitación obligatoria en sesgos raciales y competencia cultural para el personal de salud.
• Seguimiento comunitario post-ACV en comunidades negras para garantizar continuidad del cuidado y reducir riesgos asociados a altas prematuras.
• Expansión de infraestructura y servicios especializados en ACV en territorios con alta concentración de población vulnerable.

Para leer el artículo completo haga click aquí: https://link.springer.com/article/10.1007/s40615-025-02791-1