El conflicto armado en Colombia ha dejado una profunda huella en la salud pública y en el sistema sanitario del país, planteando desafíos persistentes incluso después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Un reciente artículo titulado "Impact of the Armed Conflict in Colombia: Consequences for the Health System, Response, and Challenges", coautorado por el profesor Óscar Bernal, de la Escuela de Gobierno, ofrece una visión integral sobre el impacto de la guerra en la salud y la infraestructura médica de Colombia.
Desde 1958, el conflicto ha causado aproximadamente 220,000 muertes y ha desplazado a más de 4.7 millones de personas. En la actualidad, el país está atravesando una nueva fase marcada por la implementación del acuerdo de paz con las FARC y una transición hacia una sociedad más pacífica. En este contexto, el sistema de salud, encargado de garantizar el bienestar, organizar, proveer y financiar diversos servicios médicos, desempeña un papel crucial. Evaluar cómo el conflicto ha afectado el sistema de salud y las instituciones formadas durante el conflicto es esencial para desarrollar reformas en la política sanitaria para la etapa postconflicto.
El conflicto ha tenido impactos directos, como muertes, discapacidades y trastornos de salud mental entre la población civil, y ha generado efectos indirectos, como la morbilidad asociada a la falta de servicios esenciales y enfermedades crónicas. En las regiones más afectadas, el liderazgo y la gobernanza han estado en manos de grupos armados o autoridades locales, lo cual debilita la provisión de servicios de salud. Además, la falta de una presencia estatal sólida y el control territorial por actores no estatales han restringido severamente el acceso a servicios médicos esenciales.
Asimismo, la inseguridad ha llevado a una escasez de personal médico, con numerosos ataques y secuestros de trabajadores de salud, lo que afecta la capacidad de respuesta en las zonas más conflictivas. En esa medida, la investigación subraya la necesidad urgente de restaurar la legitimidad del estado y asegurar una presencia efectiva en las áreas rurales afectadas.
Finalmente, el estudio enfatiza en que, para avanzar hacia una paz duradera y mejorar el sistema de salud, es crucial mantener un diálogo continuo con las comunidades y aplicar políticas que respondan a sus necesidades específicas. La cooperación entre autoridades nacionales y locales, junto con el fortalecimiento de los recursos y capacidades locales, es fundamental para enfrentar estos desafíos y garantizar un acceso equitativo a la atención médica en todo el país.
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